Chubut
Centenares de imágenes y denuncias de represión policial
Hubo nuevas marchas en contra del proyecto de megaminería que terminaron en enfrentamientos y violencia.
Este miércoles por la noche la Legislatura provincial de Chubut aprobó el proyecto de diversificación productiva para la Meseta Central que incluye realizar una zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre y sin utilización de cianuro.
La zonificación minera estaba contemplada en la Ley 5001 que prohibía la actividad con uso de cianuro y a cielo abierto en el resto de la provincia. Pero el mapa donde se concentraría la actividad nunca se había concretado y se aprobó después de 18 años.
Tras la sesión, creció la indignación, no solo del proyecto sino de la contradicción del bloque oficialista: el gobernador Mariano Arcioni había hecho campaña en el 2019 en contra del proyecto pero, dos años más tarde, su fuerza se pronunció a favor.
Desde el jueves comenzaron manifestaciones en Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, que se extendieron este viernes y tuvieron como resultado enfrentamientos y violencia.
Las redes sociales se inundaron de videos de la represión policial, que usaron balas de gomas y gases lacrimógenos para disolver las marchas, además de una actitud amenazante.
La capital, Rawson, fue un polvorín. Oficinas del Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General, la Legislatura provincial y del Banco de Chubut fueron destrozadas por algunos integrantes de los grupos ambientalistas, a los que la policía provincial enfrentó con balas de goma, gases y detenciones.
En las calles, las protestas continúan. La directora del hospital Santa Teresita de Rawson, Paula Morales, informó a Télam que "se presentaron 11 pacientes con diversas heridas leves, la mayoría contusiones, algunos heridos de postas de goma y un paciente atendido por inhalación de gases”. "Del total de atendidos seis eran efectivos policiales", precisó.
Hubo decenas de heridos y siete manifestantes apresados ayer recuperaron la libertad tras la intervención de la defensa pública y de representantes de organismos de derechos humanos.