Cuáles son las empresas estatales que serán privatizadas

Durante la madrugada, el gobierno nacional dio a conocer la reglamentación de la Reforma del Estado, una medida significativa bajo la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». Este nuevo marco legal se divide en cuatro capítulos: Reorganización Administrativa, Privatización, Procedimientos Administrativos y Empleo Público.

En esta primera fase, el Ejecutivo estableció normativas relacionadas con el Título II, que abordan las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de empresas públicas. Entre las empresas mencionadas para privatización se encuentran Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, señaló que el Congreso otorgó amplias delegaciones que permiten al Estado adecuar, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública, así como cerrar aquellos que no estén excluidos. Entre las entidades excluidas del proyecto de privatización se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Sturzenegger explicó que estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado, que se llevará a cabo mediante Decretos Delegados. El primero de estos decretos, que cerrará definitivamente el INADI, se publicará pronto. El proceso de privatización comenzará con un informe detallado presentado por el Ministro o Secretario correspondiente al Poder Ejecutivo Nacional, el cual incluirá el carácter total o parcial de la privatización, los plazos estimados y posibles programas de propiedad participada.

La convocatoria para presentar ofertas se publicará en el Boletín Oficial durante siete días y en el sitio web de la autoridad de aplicación, con plazos específicos para procedimientos nacionales e internacionales. Antes de la formalización de los contratos, será necesaria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Finalizado el proceso, la Auditoría General de la Nación examinará las actuaciones para asegurar la transparencia.