AFIP
Desarticularon maniobras fraudulentas por 1700 toneladas de granos
Los procedimientos se llevaron a cabo en la provincia de Córdoba. El contenido era equivalente a 74 millones de pesos.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI), desarticuló maniobras fraudulentas en la producción y comercialización de granos por 1.700 toneladas en la provincia de Córdoba. El organismo conducido por Carlos Castagneto detectó irregularidades en dos establecimientos dedicados a la cría y engorde de ganado vacuno y porcino en las zonas rurales de las localidades de Monte Cristo y Matorrales.
Como resultado de los operativos, se labraron importantes sanciones y se interdictaron 300 toneladas de maíz. A partir de los cruces de información e investigaciones llevadas adelante por las áreas especializadas en actividad agropecuaria, la AFIP realizó fiscalizaciones presenciales en las dos firmas para constatar la correcta declaración de los insumos utilizados en el engorde de los animales.
Los inspectores de la DGI comprobaron en una de esas empresas diferencias de existencias de 1.344 toneladas de maíz y 128 toneladas de soja y un atraso de más de 60 días en la carga de información de esos stocks. En un segundo establecimiento, el personal del organismo procedió a la interdicción de 297 toneladas de maíz, por carecer de documentación que acredite su origen. El valor estimado de esa mercadería se ubica en torno a los 74 millones de pesos.
Los procedimientos se llevaron a cabo en una firma que declaraba actividad de feedlot – engorde a corral, con 500 cabezas de ganado bovino, y otro de cría y engorde de porcinos con 400 hembras en producción.
De acuerdo a la normativa vigente, los operadores del comercio de granos, incluidos los compradores para consumo, están obligados a un régimen de registración sistémica de movimientos y existencias de granos no destinados a la siembra, para un adecuado seguimiento y control de las operaciones involucradas. La falta de cumplimiento de esta disposición facilita la evasión de las obligaciones fiscales, a la vez que resta transparencia a las operaciones de comercialización.