Diputadas presentaron un proyecto para eliminar la ciudadanía argentina por inversión

Las diputadas nacionales Florencia Carignano y Paula Penacca presentaron un proyecto de ley para derogar el régimen que permite acceder a la ciudadanía argentina a extranjeros que acrediten una inversión considerada relevante en el país, además de eliminar la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión creada para administrar ese mecanismo.

La iniciativa surge luego de que el Gobierno argentino avanzara con un esquema que contempla la posibilidad de obtener la ciudadanía mediante una inversión económica. El régimen fue incorporado a la Ley de Ciudadanía a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que habilitó la naturalización de extranjeros que acrediten una inversión relevante, sin establecer un período mínimo de residencia previo.

El mismo decreto creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, con funciones vinculadas al diseño, gestión y control de estos programas, además de la recepción y evaluación de las solicitudes.

Carignano sostuvo que la ciudadanía argentina no debe convertirse en una contraprestación económica y planteó que el vínculo con el país debe construirse a partir de la residencia, la integración y el arraigo. Penacca acompaña la iniciativa en el Congreso.

El debate se intensificó después de que el Gobierno difundiera los parámetros económicos que tendría el programa. Según información publicada recientemente, se evalúa una contribución de 350.000 dólares o la adquisición de un título público por 800.000 dólares para acceder al mecanismo, aunque la implementación práctica del programa ha atravesado distintos obstáculos administrativos.

La Agencia, además, ya cuenta con una directora ejecutiva designada por el Poder Ejecutivo. Aixa Granara fue nombrada para ocupar el cargo en abril de 2026.

El proyecto opositor plantea así eliminar tanto la vía de naturalización basada en una inversión como el organismo estatal creado específicamente para administrar ese régimen. La discusión deberá ahora avanzar en el Congreso, donde se pondrá en debate el alcance de la política migratoria y los mecanismos utilizados para atraer inversiones extranjeras.