El DNU de Inteligencia profundiza la polémica y enciende alertas constitucionales

El Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que reforma de manera integral el Sistema de Inteligencia Nacional, generó una fuerte controversia en ámbitos jurídicos, académicos y políticos por el alcance de las facultades que otorga al Poder Ejecutivo y, en particular, a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Uno de los ejes más cuestionados es la habilitación para que agentes de inteligencia puedan aprehender personas en determinadas circunstancias. Especialistas en derecho constitucional advierten que esta atribución desdibuja la separación histórica entre inteligencia y fuerzas de seguridad, y podría entrar en tensión con el artículo 18 de la Constitución, que establece la reserva judicial en materia de privación de libertad.

El decreto también define que todas las actividades desarrolladas en el marco de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto, sin precisar con claridad los alcances de ese concepto. Para los críticos, esta redacción amplia refuerza el secreto estatal y dificulta los controles judiciales y parlamentarios, elementos considerados esenciales en sistemas democráticos de inteligencia.

Otro punto sensible es la posibilidad de que la SIDE requiera personal y recursos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad para tareas de inteligencia, sin establecer límites temporales ni cuantitativos. Desde el ámbito del derecho público se señala que esta disposición podría implicar una regresión respecto del consenso democrático que separó defensa, seguridad interior e inteligencia tras el retorno de la democracia.

El decreto, además, centraliza el control presupuestario y operativo del sistema en la SIDE, modificando equilibrios institucionales previos y reduciendo la autonomía de áreas específicas, como la inteligencia militar. A esto se suma la reconfiguración de organismos vinculados a la contrainteligencia, un aspecto que generó alertas en organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa, ante la falta de exclusiones explícitas respecto de la actividad periodística y la protección de fuentes.

En este contexto, distintos sectores sostienen que una reforma de esta magnitud no cumple con los requisitos constitucionales para ser dictada por DNU y reclaman que el debate se traslade al Congreso de la Nación Argentina, a través de una ley formal que permita discusión pública, control democrático y resguardo explícito de derechos y garantías.

Mientras el Gobierno defiende la medida como una modernización del sistema de inteligencia, la discusión quedó instalada y anticipa un escenario de fuerte debate institucional, con eventuales impugnaciones judiciales y un rol clave del Congreso en la definición final del alcance del decreto.