El FMI cuestionó los subsidios a las tarifas para frenar la inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó los subsidios y el control de precios en las tarifas de energía y alimentos en su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO). Para el organismo, las intervenciones masivas frente a las crisis del costo de vida derivadas de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania erosionan las arcas públicas y aumentan el riesgo de desanclar las expectativas inflacionarias a largo plazo.

El diagnóstico ubica el mayor impacto negativo en el salario real y en los sectores de menores ingresos, al encuadrar que "las medidas generalizadas de contención de precios son una forma costosa e ineficiente de proteger a los hogares durante las crisis del costo de vida". Bajo ese análisis, la entidad remarcó que menos de 20 centavos de cada euro destinado a subsidios energéticos llegan al 20% más pobre de la población, beneficiando de forma desproporcionada a los sectores de mayor poder adquisitivo.

Frente a la restricción presupuestaria, sugirió recurrir a esquemas de ayuda directa mediante las redes de contención existentes, bajo la premisa de que "las transferencias focalizadas y temporales constituyen la forma más eficaz de proteger a los sectores más vulnerables frente a un aumento repentino del costo de los productos básicos". Los cálculos técnicos del Fondo estiman que proteger a los sectores vulnerables mediante subsidios al consumidor cuesta entre 3 y 6 veces más que la asistencia directa, y subsidiar a los productores cuesta entre 14 y 22 veces más.

Asimismo, el informe rechazó la indexación masiva de salarios mínimos, haberes públicos y pensiones en economías emergentes. Desde la perspectiva técnica del FMI, la aplicación simultánea de subsidios al consumo en múltiples países ante choques de oferta globales termina por elevar aún más los precios internacionales, un escenario que castiga especialmente a los países de ingresos bajos con menor margen de maniobra fiscal.

La postura de la entidad se conoce en medio de las negociaciones con el equipo económico de Caputo para la tercera revisión del acuerdo y la liberación de un desembolso de USD 900 millones. En ese contexto, la vocera del organismo, Julie Kozack, instó a volcar la reactivación hacia la sociedad y remarcó la necesidad de "asegurar que ese crecimiento, que hasta ahora ha sido muy amplio en los sectores energético, minero y agrícola, se distribuya más claramente en otros sectores de la economía, pero también en los trabajadores".