El Gobierno acelera la privatización de AySA

El Gobierno nacional dio otro paso en su intención de privatizar AySA. El Ministerio de Economía oficializó el llamado a una compulsa pública internacional para transferir la participación estatal y sumar un operador privado. Las consultas deberán realizarse a través de la plataforma CONTRAT.AR hasta el 12 de agosto, mientras que las ofertas podrán presentarse hasta el 27 de ese mes. El convenio será por 30 años, con posibilidad de prórroga.

Ante este escenario, Caputo aseguró que con los privados la empresa “va a andar mejor”, aunque los antecedentes muestran lo contrario: durante la anterior privatización, la compañía paralizó la extensión de la cobertura y trasladó a los usuarios el costo de las obras. La reestatización de 2006, impulsada por Néstor Kirchner, permitió recuperar la expansión de infraestructura y cobertura, que hoy alcanza a más de 14 millones de personas en el área metropolitana.

Privatización en marcha

El nuevo contrato de concesión aprobado en abril fija la prestación del servicio por tres décadas, con posibilidad de extenderse diez años más. El Ejecutivo busca vender al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y colocar el resto en la Bolsa. AySA integra la lista de ocho empresas a privatizar bajo la Ley Bases, junto con Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y YCRT. El objetivo oficial es recaudar cerca de 500 millones de dólares en medio de la urgencia por conseguir divisas.

Intereses privados y resistencias

Entre los interesados figuran Edison Energía, el Grupo Roggio, Mauricio Filibert y firmas extranjeras como Sabesp, Río+Saneamiento y Aguas Andinas. Paradójicamente, estas últimas adquirieron la francesa Suez, que manejó Aguas Argentinas hasta su reestatización por incumplimiento.

La decisión oficialista refleja la desesperación por mostrar avances económicos, aún a costa de entregar al capital privado un servicio esencial, debilitando la capacidad estatal de garantizar agua y cloacas para millones de argentinos. El trasfondo político también expone la contradicción de un Gobierno que promete eficiencia mientras repite fórmulas fracasadas.