El Gobierno amplió un año más la emergencia sanitaria

Mediante el decreto 863/2022 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la ampliación de la emergencia sanitaria declarada mediante la Ley N° 27.541 hasta el 31 de diciembre del 2023.

En tanto, facultó al Ministerio de Salud a:

-Establecer un régimen de matriculación y/o certificación de especialidad provisoria para quienes no cuenten con el trámite de su titulación finalizado, reválida de título o certificación de pregrado, grado o posgrado en ciencias de la salud, previa intervención del Ministerio de Educación y con certificación de competencias a cargo de los establecimientos asistenciales que los requieran.

- Contratar a personal de salud jubilado o retirado, exceptuándolo temporariamente del régimen de incompatibilidades vigentes para la Administración Pública Nacional.

- Autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos y técnicas de salud, titulados y tituladas en el extranjero cuyo título no esté revalidado o habilitado.

- Autorizar la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas.

En el país, según argumenta el decreto, en el año 2022 además de circulación de SARS-CoV-2 "se registró un comportamiento inusual tanto en la estacionalidad y número de casos registrados de influenza como en la frecuencia y distribución de otros virus respiratorios, fundamentalmente metapneumovirus, virus sincicial respiratorio, parainfluenza y adenovirus".

En este sentido, agregó: "A pesar de que se ha alcanzado un elevado nivel de inmunidad poblacional contra el SARS CoV-2 adquirida, relacionado con una combinación de alta incidencia de infecciones en sucesivas olas de contagios y muy altas coberturas de vacunación, se registra nuevamente alta circulación de SARS CoV-2 y otros virus respiratorios".

Por otro lado, sostuvo que durante el 2020 y 2021 el sistema de salud debió reorganizarse. "El descenso de casi el 50% en la atención de pacientes ambulatorios y ambulatorias y la cancelación de alrededor del 60 % de las prácticas médicas y diagnósticas ha generado una demanda acumulada que debe ser adecuadamente atendida en todo el país", se señaló en los considerando.

Además, "se verifica un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas como consecuencia del cambio en los hábitos alimentarios, aumento de peso por el confinamiento y una reducción significativa de la actividad física que requieren un esfuerzo adicional de los efectores del sistema de salud para recuperar el seguimiento y control periódico de los y las pacientes con tales patologías, dado que estas representan no solo la mayor causa de morbimortalidad a nivel global, sino que además quienes resultan afectados y afectadas por las mismas forman parte de la población con mayor riesgo de sufrir efectos graves y morir por COVID-19".

Asimismo, "las personas que viven con enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), como diabetes mellitus (DBT), hipertensión arterial (HTA), enfermedad renal, cáncer, enfermedades respiratorias y obesidad son consideradas población de riesgo y requieren ser priorizadas en la demanda acumulada de su atención, debiéndose fortalecer los servicios de salud para mantener los abordajes esenciales, con el fin de garantizar la continuidad de la atención mientras dure la emergencia por COVID-19".

Por lo tanto, "resulta fundamental fortalecer los servicios sanitarios en todos sus niveles, el acceso a los tratamientos y a las pruebas diagnósticas y la atención especializada (oncología, diálisis, etc.), con el fin de reducir la mortalidad y mitigar el impacto de la pandemia".