El Gobierno anuncia el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia: Crece la preocupación por despidos masivos

Según el comunicado oficial, la clausura de estos centros se debe a la "ineficiencia" en la prestación de servicios que, según el ministerio, deberían estar a cargo del Poder Judicial y otras dependencias. Mariano Cuneo Libarona, titular del Ministerio de Justicia, justificó la decisión afirmando que los CAJ "acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores sin demostrar resultados y duplicando funciones", lo que representaba un gasto anual de más de $8 mil millones para el Estado.

Ajuste y Eficiencia

Las autoridades ministeriales defendieron la medida subrayando la necesidad de un uso más eficiente de los recursos públicos. "En la nueva etapa que vive nuestro país, este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes. Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través de las instituciones correspondientes, por lo que no se justifica financiar más oficinas y empleados dedicados a la misma función", señala el comunicado.

Preocupación y Alerta en ATE

La Asociación de Empleados del Estado (ATE) ha denunciado que la clausura de los CAJ conllevará 400 despidos. Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada en la Secretaría de Justicia, expresó su preocupación por la medida, indicando que están "en situación de alerta por los inminentes despidos".

Silva destacó que desde diciembre ya se han registrado 270 despidos en el área y que, con esta nueva resolución, podrían sumarse 400 más. "Esta normativa avanza en un proceso de reorganización y vaciamiento, cerrando, despidiendo y anulando las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, y también para toda la sociedad", agregó.

Impacto en la Comunidad

Los CAJ, integrados por equipos interdisciplinarios de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores comunitarios y personal administrativo, realizaban abordajes integrales de problemáticas jurídico-psicosociales, garantizando una atención transversal e interdisciplinaria. Actualmente, hay 105 CAJ distribuidos en todo el país, principalmente en barrios de alta densidad poblacional y vulnerabilidad.

Con el cierre de 81 dependencias, solo quedarán 24 CAJ a nivel nacional, aproximadamente uno por provincia. Esta reducción drástica plantea serios desafíos para la población que dependía de estos servicios para acceder a la justicia y a la asistencia legal.

Reacciones y Futuro

La medida ha generado críticas y alarma en diversos sectores, y se espera que continúen las movilizaciones y protestas por parte de los trabajadores afectados y de las organizaciones sociales que defienden la importancia de estos centros. El debate sobre el balance entre ajuste económico y el mantenimiento de servicios públicos esenciales sigue abierto en el escenario político argentino.