El Gobierno asegura tener los votos para la media sanción de la Ley de propiedad privada

El Gobierno se muestra optimista tras retirar del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y asegura que cuenta con los votos para aprobar el resto de la iniciativa. La Libertad Avanza mantendrá la sesión prevista para este jueves a las 14 en el Senado.

La decisión fue adoptada por Patricia Bullrich luego de una reunión con representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales. La jefa del oficialismo aceptó excluir los artículos vinculados con la compra de tierras rurales por extranjeros para evitar que las resistencias a ese punto arrastraran a toda la reforma.

En Balcarce 50 sostienen que la eliminación del capítulo más conflictivo despejó las principales objeciones de los aliados. Las fuentes oficiales no precisaron el número final del poroteo, pero aseguran que existe una mayoría favorable para aprobar los cambios en expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y registros inmobiliarios.

El retroceso se produjo después de que gobernadores y senadores dialoguistas rechazaran incluso la última concesión ofrecida por la Casa Rosada. El proyecto original eliminaba los límites a la titularidad extranjera y la versión posterior elevaba del 15% al 25% el máximo permitido en cada provincia.

Sin ese bloque, la propuesta conserva los principales capítulos vinculados con la protección de la propiedad. La estructura original incluía modificaciones a la Ley de Expropiaciones, al Código Procesal Civil y Comercial, al régimen de regularización dominial, a la Ley de Tierras y al Sistema Federal de Manejo del Fuego.

El capítulo de expropiaciones endurece los requisitos para que el Estado declare un bien de utilidad pública. El texto exige que la finalidad sea identificada de manera concreta y que la medida resulte idónea, necesaria y proporcional, con una interpretación restrictiva de las facultades estatales.

La iniciativa también modifica el cálculo de las indemnizaciones. La última versión negociada contempla la actualización del valor por el Índice de Precios al Consumidor, el pago de intereses y la incorporación del lucro cesante con un límite equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el afectado pruebe un perjuicio superior.

El segundo eje acelera los juicios de desalojo de inmuebles urbanos y rurales. Las causas pasarán a tramitarse mediante el procedimiento sumarísimo, una vía con plazos más breves que el proceso ordinario, y alcanzarán a locatarios, tenedores precarios, intrusos, usurpadores y otros ocupantes obligados a restituir la propiedad.

Para los casos de falta de pago, vencimiento contractual u ocupación sin título, la propuesta habilita mecanismos de restitución anticipada bajo control judicial. También amplía las facultades de los notificadores, incorpora domicilios electrónicos y permite utilizar la fuerza pública cuando exista una orden de lanzamiento.

En el oficialismo aclaran que la agilización no elimina la intervención judicial ni el derecho de defensa. La versión negociada distingue además los casos en los que existan personas en situación de vulnerabilidad y prevé la actuación de organismos de protección antes de ejecutar determinadas medidas.

Otro componente modifica la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina las prohibiciones incorporadas en 2020 que impiden durante períodos prolongados cambiar el uso o destino de campos y bosques implantados afectados por incendios, aunque mantiene las obligaciones ambientales de restauración y recomposición.

El texto conserva disposiciones sobre regularización dominial y modernización de los registros de la propiedad. El oficialismo ya había retirado durante el debate los artículos que eliminaban el Registro Nacional de Barrios Populares y mantiene la creación de herramientas digitales para facilitar trámites, consultas e intercambios de información entre jurisdicciones.

La votación requerirá primero la presencia de al menos 37 senadores para sostener el quórum. Una vez abierta la sesión, el proyecto podrá aprobarse por mayoría simple de los presentes, tanto en general como durante el tratamiento de los artículos que quedaron en pie.

La decisión de Bullrich apunta a preservar la sesión después de cuatro intentos fallidos y reduce el riesgo de una derrota completa para el Ejecutivo. También posterga una discusión que generó cruces con Federico Sturzenegger y expuso diferencias entre las áreas técnicas, el bloque libertario y los gobernadores aliados.

Si el Senado aprueba el proyecto, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo. La Casa Rosada intentará avanzar allí con el paquete acotado mientras redefine por separado la reforma de la Ley de Tierras.