El Gobierno privatizó AySA por USD 340 millones

El Gobierno nacional adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio encabezado por Rowing S.A., que ofreció USD 340,2 millones y obtuvo la concesión para operar la empresa por los próximos 30 años, con posibilidad de extenderla por una década más. El nuevo operador deberá asumir la gestión completa entre enero y febrero de 2027, según el cronograma establecido en el pliego.

El grupo ganador está encabezado por Rowing S.A., empresa de ingeniería fundada por Walter Román, y también está integrado por Transclor, del empresario Mauricio Filiberti, Arcos Saneamento e Participações y el fondo PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos. De la alianza también forman parte Daniel Vila y José Luis Manzano, socios de Filiberti en el control accionario de Edenor.

La oferta de Rowing superó la presentada por el otro grupo que había quedado en competencia, encabezado por Roggio, que ofreció USD 285 millones por las acciones que permanecían en manos del Estado. Ese consorcio reunía además a Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre.

La propuesta ganadora quedó por debajo de las expectativas del equipo económico, que aspiraba a recaudar alrededor de USD 500 millones por el paquete accionario. La diferencia entre ese monto y la oferta presentada se vincula con el nivel de inversiones que deberá afrontar el nuevo concesionario desde el inicio de la operación.

Además de Rowing y Transclor, la alianza incluye a Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al Grupo Equipav de Brasil, que aporta experiencia internacional en servicios de agua y saneamiento, ya que opera el servicio de agua y alcantarillado de Río de Janeiro bajo la marca Águas do Rio luego de obtener una concesión en 2021.

En este marco, el contrato establece una inversión mínima de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años de la concesión de AySA, y fija obligaciones de infraestructura de entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones para todo el período inicial de la adjudicación, mientras que las redes, plantas, bombas y cañerías que se incorporen al sistema permanecerán como activos estatales una vez finalizado el vínculo contractual.

Las metas previstas establecen que la cobertura de agua potable deberá alcanzar el 75,3% hacia fines de 2031 y llegar al 90% al finalizar los 30 años de concesión, mientras que en saneamiento se plantea pasar al 63,9% en 2031 y alcanzar el 75% al cierre del período. La cobertura universal de ambos servicios quedó proyectada para una eventual extensión de diez años, una vez concluido el plazo inicial de la concesión.