El gobierno reasignó partidas para el pago de intereses de deuda y aumentos a personal policial y militar

Desde que asumió, el gobierno libertario dispone de una herramienta para el uso discrecional de los fondos públicos. La incapacidad de aprobar los presupuestos de 2024 primero y luego de 2025, en el marco de una inflación acumulada de más del 200%, permite al ejecutivo a hacer uso del último presupuesto disponible de 2023 y realizar sus actualizaciones y reasignaciones de manera arbitraria mediante decretos.

Así lo hizo el martes cuando publicó en Boletín Oficial el decreto 425/25 que, en nombre de la “emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, sanitaria y social” que le confiere el DNU 70/2023, reasigna partidas presupuestarias.

En los fundamentos el DNU establece la necesidad de un “refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Con ese marco dispone fondos para la actualización de subsidios a la energía, la suba de jubilaciones del personal policial y los salarios de las fuerzas armadas, partidas para el pago de los salarios de docentes y no docentes universitarios y para los hospitales nacionales como el Garrahan o el Instituto Malbrán. Lo que destaca, sin embargo, es la reasignación de $ 2.014.300.000.000 (más de dos billones) para el pago de intereses de deuda nominada en pesos y en dólares. Se trata de una suma de alrededor de U$S 2 mil millones que serán destinados al pago de intereses y comisiones de deuda.

El decreto, además, dispone un mecanismo específico de información sobre el “flujo de fondos ejecutado y proyectado y el estado de las inversiones y disponibilidades” que los diversos organismos deberán suministrar mensualmente a la Secretaría de Hacienda. De esta forma el decreto empodera a Luis Caputo en su capacidad de control sobre el flujo de fondos del Tesoro Nacional.