Hallazgo de 2,7 toneladas de alimentos en Depósito de Capital Humano en Tafí Viejo

Este sábado, la Gendarmería Nacional llevó a cabo un operativo en Tafí Viejo, Tucumán, para realizar un inventario en un depósito administrado por el Ministerio de Capital Humano, en el marco de una denuncia contra la ministra Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El depósito, ubicado en una nave de los Talleres Ferroviarios, contiene más de 2,7 toneladas de alimentos que han estado inmovilizados desde diciembre del año pasado y corren riesgo de vencimiento.

La inspección, que se llevó a cabo entre las 10 y las 16 horas, fue ordenada por el juez federal de Tucumán, José Díaz Vélez, a petición del fiscal federal Agustín Chit.

La denuncia fue presentada por el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios el pasado 28 de mayo, argumentando que la ministra Pettovello no ha distribuido los alimentos desde que asumió su cargo, incumpliendo así su deber de garantizar el derecho a la alimentación.

Durante el operativo, los gendarmes llegaron en dos camionetas y recorrieron el predio de 22 hectáreas, situado en los Talleres Ferroviarios con entrada por avenida Independencia y Osvaldo Costello. En el interior del depósito, encontraron una variedad de productos alimenticios, incluyendo aceite de girasol, aceite mezcla, lentejas, garbanzos, leche en polvo, puré de tomate, pasta de maní y yerba mate.

Del total de productos inventariados, un poco más de dos millones están listos para ser distribuidos de inmediato. Sin embargo, más de 600.000 productos están siendo analizados en laboratorio para verificar su estado y evitar la entrega de alimentos en mal estado o vencidos. Los gendarmes y el personal judicial extrajeron muestras aleatorias de los pallets para corroborar las fechas de vencimiento y la información detallada en los fardos. Según los datos obtenidos, los primeros productos, como la leche en polvo, vencerían en septiembre.

La denuncia contra la ministra Pettovello subraya la importancia de la distribución oportuna de los alimentos almacenados, especialmente ante la proximidad de sus fechas de vencimiento.

La medida judicial destaca el compromiso del Estado con la seguridad alimentaria de sus ciudadanos y la necesidad de una gestión eficiente y transparente en la administración de recursos públicos.

La comunidad espera que las autoridades actúen con celeridad para asegurar que los alimentos lleguen a quienes más lo necesitan, garantizando así el derecho fundamental a la alimentación y evitando el desperdicio de recursos valiosos.