Juntos por el Cambio y su estrecho vínculo con el Poder Judicial

Ya son muchas las pruebas y denuncias que vinculan a cada uno de los funcionarios del macrismo con el Poder Judicial, en causas de espionaje, persecución política y sindical, desvíos de fondos, y más, por su amiguismo con jueces y fiscales que acaban por politizar la Justicia e incumplir con las leyes constitucionales.

La última denuncia pública que demuestra la injerencia de los funcionarios macristas en el Poder Judicial, es la de la jueza Sandra Arroyo Salgado, al recordar que el macrismo estuvo detrás de su apartamiento en una causa por narcotráfico.

Según expuso en una entrevista televisiva, Arroyo Salgado investigaba los vínculos de un fiscal, la Policía de Buenos Aires, abogados y funcionarios judiciales, con el comercio de drogas cuando fue recusada.

En las declaraciones de la jueza, quien quedó nuevamente en el centro de la polémica, ya apuntado por integrantes de la misma coalición, fue el diputado Cristian Ritondo, aspirante a gobernar la Provincia, por su gestión como ministro de Seguridad durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Según contó la magistrada, estaba investigando al fiscal provincial Claudio Scapolan por ser parte de una red de narcopolicías de la provincia de Buenos Aires. “Por primera vez me sacan una causa”, señaló.

“Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan”, dijo Arroyo Salgado.

En ese contexto, la jueza aseguró que los que pidieron apartarla fueron “dos letrados con aceitados contactos políticos”, que defendían a los policías acusados.

“Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”, afirmó en referencia a Marcelo D’Angelo, exasesor en Seguridad del exministro Cristian Ritondo.

La Cámara de San Martín mantuvo a Arroyo Salgado en la causa pero los abogados elevaron su pedido a Casación, donde se “declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación”, cuestionó la magistrada.

“Hubo en el interín comentarios de distinto tenor tratando de echar un manto de sospecha del quehacer judicial, diciendo que había un lobby de la política, que a mí no me consta”, aclaró la jueza. “Lo concreto es que yo fui apartada de esa investigación”, subrayó.

Pero, además, Arroyo Salgado recordó otra causa en la que también fue cuestionada. “A los seis meses (de haber sido desplazada de la causa anterior), fui apartada de otra en la que estuve a cargo por tres años, también por parte de otro asesor de Cristian Ritondo; Marcelo Rocchetti me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol”, explicó.

De esta forma, el ahora jefe de diputados del bloque del PRO obtiene una segunda acusación en menos de una semana, ya que Elisa Carrió había apuntado contra Ritondo por ser uno de los dirigentes que está fuera de las “conductas éticas” que la líder de la Coalición Cívica quiere para Juntos por el Cambio.

Frente a las declaraciones de Arroyo Salgado, el periodista Carlos Pagni advirtió sobre el diputado del PRO: “Hay que recordar que Ritondo forma parte de la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia”. A su vez, agregó de forma irónica: “No sabemos si para investigar o para cubrir”.

Asimismo, cabe recordar que el nombre de quien ocupó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante todo el gobierno de Vidal, de 2015 a 2019, desde entonces diputado nacional, aparece también en la participación del armado de causas políticas, conocida como “Gestapo” antisindical.

“Era el armado judicial, la mesa que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand -que era una locura que esté ahí- y Ritondo. De ahí salían los diferentes armados”, dijo en enero de este año el subcomisario Hernán Casassa, encargado de los allanamientos, contador, especialista en Activos Ilegales.

Por otra parte, en el marco de la necesidad de tratar la “reforma del Bapro”, hace un mes las comisiones internas del gremio La Bancaria, de una decena de municipios, admitieron que el proyecto de reforma se encuentra “empantanado” en la Legislatura bonaerense, metiendo presión y responsabilizaron a María Eugenia Vidal y a Cristian Ritondo de querer “demoler” los derechos de los empleados del Banco Provincia.

“Trabajamos para desbloquear este nuevo intento de Vidal y sus sucesores, como Ritondo, de destruir o privatizar el Banco Provincia. Quieren demoler derechos adquiridos no solo de los trabajadores, sino también del Instituto de Previsión Social (IPS), desconociendo la letra de la Constitución y demostrando que están contra del Estado de derecho”, sostuvieron las comisiones internas sobre la reforma del Bapro.

Otra vez sus nombres, juntos y en conflicto, otra demostración de que van por todo y sin medir, y si es con ayuda e injerencia en el Poder Judicial, aún mejor.