La Defensoría del Pueblo rechazó la explotación petrolera en la costa

En las últimas horas la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires publicó un comunicado donde rechaza la explotación petrolera en la costa si no se conoce su impacto ambiental. De esta manera, la decisión no se modificará en tanto y en cuanto no se cumplan con todos los principios y estándares en materia de protección del medioambiente, al mismo tiempo de que no se aprueben de manera participativa todos los informes de evaluación de impacto ambiental.

A su vez, el organismo reclamó que se respete el derecho de acceso a la información mediante la publicación de estos estudios y de toda información necesaria y que las autoridades competentes contemplen a la Defensoría como un espacio para generar acuerdos que garanticen el respeto de los derechos de los bonaerenses. Guido Lorenzino, quien conduce el organismo, sobre el tema aclaró: “Debemos conocer en detalle cuál será el impacto sanitario, ambiental, económico y social de esta actividad, y asegurar la participación ciudadana mediante audiencias públicas en todas las decisiones que las puedan afectar. No puede haber crecimiento a expensas del medioambiente y no se puede gestionar ignorando los reclamos legítimos de la gente”.

Vale recordar que todo el asunto se inició luego de que el Gobierno nacional aprobara la solicitud de la empresa noruega Equinor para la exploración petrolera offshore en el mar Argentino. El pedido de carácter público de la Defensoría se da después de que en diferentes amparos presentados ante la Justicia se reclamara la intervención del organismo. Así, exigieron el cese o bien la suspensión de todas las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera y de todos los trabajos vinculados a esa actividad frente a las costas de General Pueyrredón, hasta tanto se acceda a la declaración de impacto ambiental.

Por lo pronto, en la jornada pasada el juez federal Santiago Martín dictó una medida cautelar que dispone la inmediata suspensión del proyecto mencionado en el mar Argentino. Los motivos que presentó el magistrado para dictaminar la cautelar fueron el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú; la falta de una instancia de consulta al municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión; y las falencias del estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el mar nacional.