La Justicia de EEUU falló a favor de Argentina contra los buitres

El Estado argentino consiguió una victoria en primera instancia en los tribunales estadounidenses frente a la demanda que iniciaron de manera conjunta los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP Master, 683 Capital, Adona, APE Group.

Fue la ya célebre jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, quien desestimó por un error procesal un planteo de varios grupos económicos tenedores de bonos emitidos durante el mandato de Néstor Kirchner para canjear la deuda remanente del default en 2001.

La jueza Preska, falló este lunes a favor de Argentina en el juicio por los bonos Cupón PBI, emitidos en 2005, Con esta decisión, el Estado se evita de pagar 1.300 millones de euros. El país había sido acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la metodología de para calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que se paguen menos intereses de deuda en 2013.

Según explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders, "la magistrada se limitó a decir que los demandantes entraron por la puerta equivocada y no tenían el derecho de presentar la demanda por no cumplir con ciertos requisitos", por lo que se trató más bien de una cuestión de formas que de fondo.

La acusación es por cambios en las estadísticas del INDEC durante la presidencia de Cristina Kirchner, lo que generó un perjuicio en los tenedores de los bonos, que tuvieron una menor rentabilidad para los cupones atados al PBI, emitidos junto a los bonos en la reestructuración 2005 de la deuda y atados al crecimiento de la economía local.

En paralelo, el Estado Argentino fue condenado en 2023 en tribunales ingleses, ya que los bonos fueron emitidos también según la legislación europea. El país apeló la decisión, pero eso requirió la creación de un fideicomiso para depositar u$s337 millones como garantía, un movimiento que fue realizado por el Gobierno de Javier Milei la semana pasada.

Los fondos buitre, que poseían alrededor del 48% de los títulos vinculados al PBI de Argentina en 2013, sostenían que les correspondían una serie de pagos que no se realizaron debido a que, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno modificó desde el INDEC los datos del PBI nacional para evitar los desembolsos.