La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario

El juez Martín Cormick del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró este martes la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno nacional había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y ordenó al Poder Ejecutivo cumplirla de manera inmediata.

La sentencia dictada por el magistrado se da en el marco del amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, junto con una causa acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires. 

El fallo anula la frase con la que el Poder Ejecutivo condicionó la promulgación: "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629". 

La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y posteriormente vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei. Diputados y el Senado insistieron con la norma con las mayorías de dos tercios previstas por el artículo 83 de la Constitución Nacional. El Ejecutivo finalmente la promulgó el 21 de octubre de 2025, pero mediante el Decreto 759/2025 condicionó su ejecución hasta que se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.

En este marco, el juez ordenó al Poder Ejecutivo cumplir "de inmediato" la ley ya que consideró que, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial con mayorías agravadas, al Presidente solo le quedaba promulgarla sin restricciones. Además agregó que: “Así se desprende de la lectura más elemental del artículo 83 de la Constitución Nacional”, que establece que si ambas cámaras insisten con las mayorías agravadas, el proyecto se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La norma contempla la actualización del presupuesto universitario de acuerdo con la inflación, la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas y del financiamiento de la investigación.

El expediente incorpora además los acuerdos firmados el 10 de junio de 2026 entre el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios donde se pactó una suba salarial de 24,33% (21,33% en junio y 3% en octubre), un aumento de 20% en los gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una actualización de 50% de las becas Manuel Belgrano. El juez concluyó, de todos modos, que el decreto "no supera un test mínimo de razonabilidad", por lo que corresponde aplicar la ley en su totalidad.