Financiamiento Universitario
La Justicia revisará el fallo que le aplica multas al gobierno de Milei por no cumplir la normativa
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un reclamo del Ministerio de Capital Humano para revisar la cautelar.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó este martes un planteo del gobierno de Javier Milei para revisar la vigencia de la cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y habilitó una apelación contra la intimación judicial que exige actualizar los salarios de docentes y nodocentes universitarios bajo amenaza de multas diarias.
En este marco, hizo lugar a planteos del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación luego de que el juez de primera instancia rechazara las apelaciones del Ejecutivo. El Gobierno había intentado apelar esa resolución, pero el magistrado rechazó la presentación el 14 de octubre que ante la negativa, acudieron a la Cámara para que revisara el caso quién habilitó el tratamiento del recurso al considerar que la decisión cuestionada podía ocasionarle al Estado un perjuicio de difícil reparación.
En su presentación, el Estado sostuvo que ya había cumplido íntegramente con la cautelar, además argumentó que la medida tenía un límite temporal y que, según su interpretación, ese plazo ya había vencido. Por eso cuestionó que se mantuviera abierta la ejecución y planteó que la intimación podía obligarlo a cumplir una orden que considera ya sin vigencia.
El Gobierno también advirtió sobre las consecuencias de la decisión de primera instancia ya que sostuvo que seguía latente la posibilidad de aplicar sanciones conminatorias si no cumplía dentro del plazo fijado, pese a que, según su planteo, no existía una liquidación concreta de las sumas reclamadas. La Cámara consideró que la denegatoria de la apelación podía generar un “gravamen irreparable” para el Estado y habilitó su revisión.
El conflicto judicial tiene su origen en un amparo que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con otras instituciones contra el Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno modificó el esquema de financiamiento de las universidades nacionales. En ese expediente, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dictó una cautelar para garantizar recursos destinados a la actualización salarial y al sostenimiento de las becas universitarias, mientras avanzaba la discusión de fondo.
Asimismo, el Jefe de Gabinete Diego Santili, presentó un escrito ante la Justicia para intentar frenar la ejecución de las multas personales que le impusieron correspondientes a $100.000 diarios fijadas por el incumplimiento de la medida cautelar. En caso de que ese pedido sea rechazado, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que se deje sin efecto la sanción.