Las claves de la Ley de Financiamiento Universitario que se debate este jueves en el Senado

Tras la jornada de protestas de este miércoles frente al Congreso en rechazo al veto de Milei a la movilidad jubilatoria, que terminó con represión policial y heridos, este jueves 2 de septiembre desde las 13 la comunidad universitaria se movilizará hacia el mismo escenario para reclamarle a los senadores que aprueben la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tuvo media sanción en Diputados. ¿De qué se trata el proyecto?

Las universidades nacionales están de paro desde este miércoles en reclamo por la recomposición salarial de los ingresos docentes universitarios y preuniversitarios, que según cifras del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), perdieron entre un 35 y un 55 por ciento de poder adquisitivo en ocho meses.

La medida de fuerza de 48 horas concluirá este jueves frente al Congreso, donde se debatirá la propuesta que envió la Unión Cívica Radical (UCR) con el objetivo de declarar la emergencia presupuestaria universitaria y "atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales".

Pese a que el proyecto de ley presentado por el radicalismo ya tiene media sanción de Diputados, el jefe de Ministros del Gobierno Nacional, Guillermo Francos, anticipó que en caso de aprobarse en el Senado lo vetará, de la misma manera que lo hizo con el aumento a las jubilaciones.

Ley de Financiamiento a Universidades Nacionales: las claves del proyecto

El proyecto de ley de Financiamiento a Universidades Nacionales fue presentado por la Unión Cívica Radical. Lleva la firma de la diputada Danya Tavela y de sus pares Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, entre otros. También fue firmado por integrantes de Hacemos Coalición Federal, como Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.

Se propone que, "de los recursos asignados en el ejercicio presupuestario anual destinados a las Universidades Nacionales", se asigne "un 85 por ciento para gastos salariales" y el otro "15 por ciento a gastos generales y de funcionamiento".

Entre las justificaciones, el documento señala que el inconveniente que atraviesan las casas de altos estudios es que "al tener los mismos gastos de funcionamiento que se tuvo en 2023, los precios de 2024 no dan tregua". Y añaden: "A la inflación anual del 2023 de 211 por ciento interanual se le adiciona la del primer trimestre de 2024, y el pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha sido un urgente AJUSTE POR INFLACIÓN del presupuesto universitario" (sic).

Por eso, el proyecto propone que para los gastos de funcionamiento se introduzca un mecanismo de actualización bimestral, basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 50 por ciento, la variación del tipo de cambio, del 25 por ciento, y la variación de tarifas de servicios públicos, también del 25 por ciento.

Por otro lado, plantea la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior con nuevos criterios para la distribución presupuestaria, control de gastos, y demás.

El quinto artículo del proyecto plantea que no podrá realizarse ninguna "readecuación y/o modificación" en el presupuesto universitario sin "preverse la actualización de los gastos de funcionamiento" de las casas de altos estudios.

Y por último, en el marco de la emergencia universitaria, el proyecto de Ley del radicalismo autoriza al Gobierno a realizar la actualización de las partidas presupuestarias de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023. Sin embargo, es una autorización y no una obligación.

"El inconveniente surge de que al tener los mismos gastos de funcionamiento que se tuvo en 2023, los precios de 2024 no dan tregua. A la inflación anual del 2023 de 211por ciento interanual se le adiciona la del primer trimestre de 2024 y el pedido del CIN ha sido un urgente AJUSTE POR INFLACIÓN del presupuesto universitario", (sic) sostiene entre los justificativos.

Cómo sigue el paro universitario

El paro universitario de 48 horas iniciado este miércoles tuvo una importante adhesión a nivel nacional. Fue convocado por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA). Este jueves se suma a la protesta la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (Conadu).

En la última reunión paritaria realizada en el Palacio Sarmiento, el Gobierno propuso un aumento salarial de 3 por ciento para agosto y 2 por ciento para septiembre. Los gremios docentes rechazaron la oferta por obvias razones.

El secretario Adjunto de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), Jorge Anró, afirmó en diálogo con la 750 que el Gobierno nacional está "desangrando" a las universidades porque "no entran en su modelo de país".

Asimismo, este lunes, en declaraciones a la prensa, el vicerrector radical de la UBA, Emiliano Yacobitti, defendió la iniciativa legislativa que busca actualizar por inflación el presupuesto universitario “para que puedan afrontar el pago de salarios y que los profesores universitarios dejen de empobrecerse”.

“En los últimos 9 meses, la pérdida del valor adquisitivo en promedio es de un 45 por ciento para los profesores que no tienen antigüedad como para los trabajadores administrativos. Hoy un residente del hospital de clínicas está cobrando aproximadamente 750 mil pesos en mano”, sostuvo Yacobitti en diálogo con el programa televisivo De Una. Además, sostuvo: "Están por debajo de la línea de pobreza igual que un profesor adjunto con 40 horas semanales. Empieza a verse una preocupación grande por la pérdida de calidad porque hay docentes que no pueden aguantarlo”.

¿Nueva marcha contra el desfinanciamiento a las universidades?

Mientras la lucha sigue en pie, Milei anticipó estar dispuesto a mantener el ajuste salarial. En esta línea, el Ejecutivo niega a los sindicatos una reunión paritaria para discutir un posible aumento. “Después de la reunión que tuvimos con la ministra Pettovello el 28 de mayo, donde se reconoció la situación de pérdida salarial en la que estamos la docencia universitaria y preuniversitaria, no hemos vuelto a tener diálogo”, indicó a Página12 la secretaria general de la Conadu Histórica, Francisca Staiti.

Por su parte, el secretario general de Conadu, Carlos De Feo, consideró probable que se apruebe el proyecto de Ley, pero reconoció tener "en claro" que el Presidente la vetaría. "Si se produce el veto, o no se vota la ley en un tiempo relativamente corto, y si el presupuesto que el Presidente va a presentar en el Congreso vuelven a repetir los números de este año, obviamente va a haber una marcha", aseguró.

Al respecto de la posible marcha universitaria, que buscaría replicar el impacto que tuvo la del 23 de abril pasado, Staiti evaluó que “debe ser con la mayor unidad y la mayor masividad posible, de todo el sector universitario, con estudiantes y docentes, pero a la vez, tal cual ocurrió en abril, con un llamado a toda la ciudadanía a defender la universidad pública que tenemos y hemos sabido concebir a lo largo de estos años”.