DNU

Milei avanza con el FMI por decreto: facilidades extendidas y resistencia legislativa

El presidente Javier Milei oficializó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia la autorización para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La decisión, que busca un financiamiento a diez años con un período de gracia de más de cuatro años, generó fuertes críticas desde la oposición, que ya presentó una denuncia penal contra el mandatario.

El Gobierno nacional confirmó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo un Programa de Facilidades Extendidas.

Este acuerdo establecería un esquema de financiamiento con un plazo de pago de diez años y un período de gracia de cuatro años y seis meses, según el texto del decreto que será publicado en el Boletín Oficial.

Desde la administración de Javier Milei justificaron la medida argumentando que permitirá fortalecer las reservas del Banco Central y garantizar la estabilidad macroeconómica. Además, aseguraron que los fondos obtenidos se destinarán exclusivamente a la cancelación de deudas previas del Tesoro Nacional con el Banco Central y el propio FMI, manteniendo así el compromiso de déficit cero.

Sin embargo, la decisión de avanzar con un DNU y no con una ley en el Congreso despertó una fuerte reacción en la oposición. Diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el presidente, acusándolo de usurpar facultades del Poder Legislativo y de violar la Constitución Nacional, que exige que cualquier endeudamiento con organismos internacionales sea aprobado por el Congreso.

El decreto ahora deberá transitar el proceso legislativo habitual. Si bien rige con fuerza de ley desde su promulgación, el Congreso tiene la facultad de rechazarlo si ambas cámaras votan en contra. En caso de que solo una de ellas lo apruebe, el DNU quedará firme.

Mientras el Gobierno busca consolidar el acuerdo con el FMI y acceder a fondos adicionales del Banco Mundial y el BID por unos 10.000 millones de dólares, la oposición ya dejó en claro que dará batalla en el Congreso y en la Justicia para frenar la medida.