Milei disuelve cinco fondos fiduciarios, uno de ellos clave para las víctimas de la trata

El gobierno de La Libertad Avanza eliminó cinco fondos fiduciarios, entre ellos uno clave para asistir a víctimas de trata. Fue medianteel Decreto 1048/2024, que se decidió disolver cinco fondos fiduciarios públicos, entre ellos uno destinado a asistir a víctimas de trata de personas.

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía Luis Caputo, generó fuertes repercusiones.

Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE): Diseñado para financiar emprendimientos, fue cuestionado por "debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión".

Programa de Inversiones Estratégicas: Buscaba fomentar el empleo a través de inversiones en sectores estratégicos, pero "no se han integrado los bienes al fideicomiso, por lo tanto, ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia".

Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata: Presentó problemas como la "inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva".

Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte (PROICSA): "Desde el año 2020 no tiene actividad alguna en relación con desembolsos por realizar".

Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria: Enfrentó "debilidades respecto del desenvolvimiento, así como demoras en la rendición de cuentas y en la contratación de auditores externos, y falta de una gestión activa de recupero de fondos en mora".

Motivos

El gobierno justificó estas disoluciones argumentando que los fondos mostraban "debilidades administrativas y financieras" y que, en varios casos, no cumplían con sus objetivos originales. Según los considerandos del decreto, esta medida busca garantizar mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, priorizando estructuras funcionales en un contexto económico crítico.

Críticas al alcance social de la medida

Entre los fondos eliminados, el destinado a víctimas de trata fue especialmente cuestionado. Su disolución deja un vacío en la asistencia directa a un sector particularmente vulnerable. Para defensores de derechos humanos, la falta de un plan alternativo para reemplazar esta herramienta representa un retroceso en políticas clave de protección.

Por otro lado, el cierre del PROICSA y del FONDCE plantea interrogantes sobre el futuro de la industria azucarera y los emprendedores, quienes dependían de estas herramientas para acceder a financiamiento y mejorar su competitividad.

El impacto de esta medida se sentirá en sectores clave como la vivienda, la asistencia social y la industria. Si bien el gobierno defiende la medida como un paso hacia la transparencia, sectores afectados y críticos plantean dudas sobre las consecuencias sociales y económicas de desarticular fondos que, aunque imperfectos, eran vitales para muchos.