Milei y Bullrich presentan un rediseño de la PFA inspirado en el modelo del FBI. Más poderes sin control

El próximo martes 17 de junio, el presidente Javier Milei encabezará un acto oficial para anunciar una reforma estructural de la Policía Federal Argentina (PFA), impulsada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.

El evento se celebrará a las 14:15 en la sede de la Policía Montada en el barrio porteño de Palermo y reunirá a legisladores, funcionarios y autoridades de la fuerza.

El nuevo plan, denominado “Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación”, busca reconvertir la estructura y el enfoque de la fuerza para transformarla en una especie de versión argentina del FBI estadounidense. El proyecto contempla una modificación profunda de la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965), con el foco puesto en la investigación de delitos federales y complejos como el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado.

Entre los puntos más polémicos se encuentran la habilitación de tareas de inteligencia criminal sin autorización judicial y la posibilidad de realizar detenciones preventivas si “existiesen circunstancias fundadas” de que una persona haya cometido o pudiera cometer un delito y no pudiera acreditar su identidad. Esta detención podrá extenderse hasta confirmar su identidad, lo que ha sido considerado ambiguo y preocupante por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

Además, el nuevo esquema permitiría el patrullaje de “espacios públicos digitales” como redes sociales y sitios web, sin necesidad de autorización judicial, aunque bajo la promesa de respetar la privacidad y libertad de expresión.

El texto de la reforma, que fue distribuido internamente en las fuerzas federales, ya despertó preocupación entre los altos mandos, quienes lo consideran “excesivo” y alertan sobre una posible concentración de poder en la PFA, que se posicionaría por encima de otras fuerzas como Gendarmería y Prefectura.

Otra de las innovaciones que traerá la reforma es la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), encargado de dirigir las investigaciones criminales en todo el país, con subáreas especializadas en delitos complejos, narcotráfico y crimen organizado. Se proyecta también un crecimiento del 10% anual en la cantidad de efectivos de la PFA en el interior del país.

Aunque el Gobierno asegura que el objetivo es modernizar la institución, mejorar su eficacia y adaptarla a los desafíos del crimen organizado, la iniciativa se presenta en un contexto de crecientes críticas por el uso de la fuerza en protestas sociales y por la verticalización del poder policial sin mayores controles judiciales.

No se descarta que la implementación de esta reforma se haga por decreto de necesidad y urgencia (DNU), lo cual podría aumentar aún más la tensión política en torno a la iniciativa.