SOLO EN ARGENTINA: Insólito conflicto en Rosario-Córdoba; reparó pozos frente a su hotel y ahora debe romper todo

Una situación insólita y cargada de polémica se desató en la provincia de Santa Fe luego de que un empresario decidiera reparar por sus propios medios un tramo deteriorado de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba y, meses después, recibiera una intimación oficial para destruir la obra realizada.

El protagonista del caso es Néstor Rozín, CEO del complejo hotelero Sol de Funes —actualmente denominado Radisson RED Funes—, ubicado a la altura del kilómetro 307,5 de la autopista. Según explicó el empresario, la decisión de intervenir surgió luego de reiterados reclamos sin respuesta ante Vialidad Nacional y la empresa concesionaria encargada del peaje.

Rozín relató que el estado del camino era crítico y que el deterioro afectaba seriamente el acceso al hotel, especialmente en jornadas de grandes eventos y actividades con alta concurrencia. Señaló además que la municipalidad local había prometido colaborar con maquinaria y trabajos vinculados a una rotonda cercana, aunque las tareas se fueron demorando.

Ante la falta de soluciones, el empresario decidió actuar por cuenta propia. Utilizó maquinaria de una obra privada cercana y consiguió piedras provenientes de Córdoba para rellenar pozos y estabilizar el camino de tierra. Según contó, inicialmente personal de Vialidad intentó detener los trabajos, aunque posteriormente le permitieron continuar con las reparaciones.

Sin embargo, casi siete meses después de la intervención, recibió una carta documento emitida por el 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional en la que se lo intimó a “volver a la situación anterior” del tramo intervenido.

El organismo le otorgó un plazo de diez días para restituir el estado original de la colectora, argumentando que la obra fue ejecutada sin aprobación técnica definitiva.

Desde Vialidad Nacional sostienen que el problema no pasa únicamente por la intervención en una traza bajo jurisdicción nacional, sino porque el trámite administrativo iniciado por el hotel no habría cumplido con toda la documentación requerida ni con los controles técnicos correspondientes.

Fuentes vinculadas al organismo explicaron que las autorizaciones contemplan análisis de materiales, compactación, drenaje, pendientes y condiciones de seguridad vial, además de delimitar responsabilidades legales ante posibles incidentes.

Pese a ello, el empresario insiste en que la obra mejoró notablemente la circulación y benefició no solo al hotel, sino también a trabajadores, proveedores, vecinos y usuarios de otros emprendimientos ubicados sobre la colectora.

Rozín cuestionó duramente la postura oficial y apuntó contra la concesionaria de la autopista, asegurando que es la empresa que cobra peajes la que debería encargarse del mantenimiento de la colectora y no los privados.

“El Estado no lo arregla y cuando un privado invierte para solucionar el problema, lo persiguen”, expresó el empresario en declaraciones radiales, visiblemente molesto por la intimación recibida.

El caso rápidamente generó repercusiones en Santa Fe y abrió un debate sobre el deterioro de la infraestructura vial, la burocracia estatal y los límites legales de las intervenciones privadas en espacios públicos.

En el entorno del hotel consideran irracional que se exija destruir una obra que, según sostienen, mejoró la seguridad y transitabilidad de la zona. Incluso surgieron especulaciones políticas vinculadas a eventos realizados allí durante la campaña electoral pasada, aunque esas versiones no aparecen reflejadas en la intimación oficial.

Mientras tanto, Rozín aseguró que buscará revertir la medida y confía en que Vialidad Nacional revise la decisión para evitar que el tramo reparado vuelva al estado de abandono que motivó originalmente la intervención.