Tras la reforma laboral, el oficialismo apunta a Glaciares, universidades y acuerdos comerciales

Luego de la aprobación de la reforma laboral en Diputados y con el dictamen listo para su tratamiento definitivo en el Senado, el Gobierno nacional busca capitalizar su impulso legislativo y avanzar con nuevas reformas estructurales. La estrategia se apoya en acuerdos con bloques aliados y gobernadores para garantizar quórum y votos clave.

Entre los próximos objetivos figuran la sanción definitiva de la modernización laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, cambios en la Ley de Glaciares, una nueva propuesta de financiamiento universitario y el envío al Congreso del acuerdo comercial con Estados Unidos.

La reorganización de la mesa política del oficialismo fortaleció la capacidad de negociación parlamentaria. La conducción de las tratativas en el Senado permitió introducir modificaciones en proyectos sensibles para asegurar respaldos, como la eliminación de capítulos o artículos que generaban resistencias en provincias.

En paralelo, el diálogo con gobernadores se consolidó mediante transferencias y compromisos de obra, lo que amplió la base de apoyo del oficialismo. Las provincias jugaron un papel determinante para garantizar el quórum en debates recientes y facilitar acuerdos en temas como el régimen penal juvenil y tratados internacionales.

Uno de los debates más sensibles que se abrirán es la reforma de la Ley de Glaciares. Varias provincias con actividad minera reclaman cambios para permitir el desarrollo productivo en determinadas áreas, mientras que la normativa vigente establece fuertes restricciones para proteger recursos hídricos y ecosistemas.

La propuesta oficial apunta a redefinir el alcance de la protección ambiental, otorgando mayor participación a las provincias en la evaluación de glaciares y ambientes periglaciales. Según el Gobierno, el objetivo es ordenar el marco normativo y evitar interpretaciones que limiten proyectos de inversión.

En materia educativa, la Casa Rosada trabaja en un nuevo esquema de financiamiento universitario. El proyecto prevé actualizar gastos de funcionamiento según la inflación efectiva y establecer recomposiciones salariales escalonadas para docentes y no docentes, además de convocatorias periódicas a paritarias.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo prepara el envío del acuerdo comercial con Estados Unidos, que requerirá adecuaciones legales. En el oficialismo confían en que, como ocurrió con el tratado con la Unión Europea, los intereses provinciales vinculados a exportaciones e inversiones facilitarán el respaldo parlamentario.

Con este escenario, el Gobierno busca llegar al inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo con resultados concretos para exhibir en el Congreso, en una agenda que combina reformas económicas, institucionales y acuerdos internacionales.