Grave denuncia contra una funcionaria judicial platense

Una fuerte denuncia cayó sobre la funcionaria de la defensoría de la Casación Penal, Brenda Ponce, quien de acuerdo a una calificada fuente entrevistada por este multimedio denunció un grave caso de violencia de género pero las pruebas contundentes demuestran lo contrario, lo que evidenció la gravedad institucional por el abuso del poder.

De acuerdo a las constancias de la causa judicial, a la que este multimedio tuvo acceso, la funcionaria “denunció y excluyó a su marido del domicilio conyugal con el falso relato de haber padecido durante dos décadas de matrimonio feroces golpizas en su domicilio, sin testigos presenciales y sin que sus hijos, que vivían allí, se enteraran”.

Para ello “habría utilizado sus contactos en el poder judicial para el armado de una causa con supuestos testigos que en realidad no lo fueron (nunca entraron al domicilio conyugal), cuyos relatos son inconsistentes y sin ninguna vinculación con los hechos denunciados”.

Amenaza previa

Previo a su falsa denuncia, “Ponce amenazó a su marido que si no firmaba un acuerdo de divorcio favorable a sus intereses económicos le armaba una causa por violencia de género y lo excluía de la casa, cosa que materializó con la complicidad de funcionarios judiciales conocidos por ella. Asimismo y por medio de falsas denuncias obtuvo cautelares para excluir a su esposo y mantenerlo alejado, así tramitaba el divorcio con todos los bienes en su poder”, aseguró la fuente.

Para ello, mostrando moretones en sus manos “invocó la aplicación de normas protectorias pensadas para sectores vulnerables de género, en situación de desfavorabilidad contra la violencia, cuya perspectiva exige una situación de asimetría de poder inexistente en esta causa”.

“La principal testigo de cargo resultó ser una amiga, una psicóloga, que se enemistó” manifiestamente con el exmarido de la funcionaria “porque la denunció por falta de ética y decoro profesional en el Colegio de Psicólogos”.

Luego “se hizo amiga personal de Ponce, que le recomendaría clientes. En una violación del secreto profesional y con total falta de ética, declaró una serie de mendacidades”, tales como que el exmarido “le arrojaba agua caliente en el rostro. Todo ello fue desmentido por los hijos del matrimonio y los testigos que realmente concurrían al domicilio, como la empleada doméstica”.

La participación del hijo

No obstante lo expuesto, el exesposo “aportó hace más de dos años las pruebas contundentes de la mendacidad del relato de Ponce y su cómplice, la psicóloga, consistentes en siete videos que se mantienen hasta ahora ocultos, sin que ningún funcionario judicial se manifestara el respecto”.

Los videos fueron obtenidos de la cámara de seguridad del hogar conyugal, donde “se observa a la mujer agrediendo físicamente a su marido, en reiteradas ocasiones. Todo ello en presencia del hijo mayor del matrimonio, testigo fundamental del caso”.

“Él ratificó en la Justicia la veracidad y contenido de los videos y las grabaciones, como también el apoderamiento indebido de los dólares familiares por parte de la funcionaria, todo ello frente a un Fiscal y una instrucción desprevenida que ignoró la prueba frondosa de descargo del exmarido y sólo se interesó por la hipótesis de Ponce”.

Si bien ella “testificó judicialmente que fue víctima pasiva” de su marido “durante más de dos décadas en las cuales él supuestamente le propinaba golpizas, el hijo mayor de ambos declaró lo contrario en sede de familia y testimonió personalmente ante el Fiscal”. Aseveró que “todo lo que dice mi madre es mentira, mi papá nunca le pegó. Ella era agresiva con él”.

Además, “sostuvo que la madre también lo agredía física y verbalmente, avergonzándolo delante de su novia. Lo empujaba, lo encerraba y lo amenazaba con llamar al 911 y con quitarle la tarjeta de crédito para que declare a su favor. También declaró ante la justicia de familia que luego de excluir a su ex, la funcionaria introdujo estupefacientes en la casa, habiendo una menor en ella”.

Las evidencias en su contra

“Las pruebas más importantes del caso dejan en evidencia el accionar de Ponce, que siempre utilizó su cargo y las instituciones del Estado en beneficio propio y la falsedad de su relato: existe una constancia notarial de más de una década que documenta un ataque de la funcionaria judicial a su exmarido con un palo y las consecuentes lesiones en diferentes partes del cuerpo del mismo”, amplió el vocero.

En ese momento él no la denunció por vergüenza y para no perjudicarla laboralmente. Además “declararon numerosos testigos presenciales que la señalan como una persona violenta y agresiva para su familia y compañeros de trabajo que llegaron a juntar firmas para que sea trasladada por ese motivo”.

“Es una persona muy violenta tanto físicamente como verbalmente. Es violenta con sus hijos y su. Marido”, detalló un testigo clave que asistía regularmente al domicilio. En tanto, “los propios hijos la grabaron en actos de violencia y le recriminaron cuando sustrajo los ahorros familiares, dado que ella siempre alardea que cuenta con la protección judicial de sus pares”.

Monitoreo de falsas denuncias

Según la fuente consultada, el exmarido de Ponce logró inscribir el caso en el Primer Observatorio Hispanoparlante de falsas denuncias a cargo de la fundación Ayudar y Crecer (www.ayudarycrecer.org), una entidad sin fines de lucro dedicada al análisis e investigación de la problemática de las falsas denuncias que va en aumento en nuestra sociedad.