Indagan si kinesiólogos podían realizar la práctica que ocasionó la muerte de una mujer en Concordia

"Es importante saber si tienen información académica, curso o capacitación que les permita hacerla, porque es invasiva", dijo Núñez, y aseguró que "prende una señal de alarma que no son cirujanos plásticos, sino kinesiólogos".

El miércoles 23 de septiembre, Claudia Bertoldi (45) concurrió a su segunda sesión de "carboxiterapia" que consiste en colocarse gas carbónico debajo de la piel para eliminar celulitis, estrías y grasa localizada.

Durante la sesión sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que una ambulancia la trasladó al Sanatorio Garat donde "durante 50 minutos se intentó reanimarla pero no hubo forma y falleció", indicó el fiscal.

La autopsia halló "gas en la ventrícula inferior derecha del corazón, que le causó un shock cardiogénico a partir de una embolia gaseosa que tapó la arteria, no permitió la salida de sangre, provocó una falla cardiorrespiratoria y una reacción en cadena hacia la muerte".

Además, se registraron "lesiones por pinchazos de agujas en glúteos, piernas y muslo de la pierna derecha, y en principio uno de esos pinchazos introdujo el gas que fue al corazón" agregó Núñez.

El Colegio de Kinesiólogos informó al fiscal que el consultorio "está habilitado y los profesionales matriculados, pero no informaron si pueden realizar la carboxiterapia", y se solicitó información al Ministerio de Salud, que "aún está pendiente" de recibirse.

"Es importante saber si tienen información académica, algún curso o capacitación que les permita hacer esta práctica invasiva, estamos hablando de inyectar dentro de un cuerpo a través de una manguera con un aparato electrónico que dosifica un gas", dijo Núñez.

En ese sentido, apuntó a que "prende una señal de alarma que no son cirujanos plásticos, sino kinesiólogos".

El fiscal consideró que "si no están habilitados ya hay una conducta criminal", pero que si se les permite realizar la terapia deberán establecer "si hubo o no un problema con el aparato, y si la falla es humana o de la máquina".

De demostrarse la culpabilidad, "estarían ante la imputación de homicidio imprudente o por impericia en la práctica profesional", delito que prevé una pena de entre uno y cinco años e inhabilitación especial por cinco a diez años.

Por otra parte, informó que también esperan los resultados de estudios de laboratorio; del peritaje al aparato de aplicación realizado por un bioingeniero; y que la semana próxima se realizará la apertura de cámaras, computadoras y celulares secuestrados.