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La Fiscalía de Perú denunció a Castillo por los ascensos en las FFAA y la Policía
La imputación también cae sobre el exministro de Defensa, Walter Ayala. Es por "ser presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros".
La Fiscalía de Perú presentó una nueva denuncia constitucional contra el expresidente del país, Pedro Castillo, y el exministro de Defensa, Walter Ayala, por presuntas irregularidades en una serie de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
"Se les imputa por ser presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros", explicó el Ministerio Público en un posteo en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
El excomandante de la Policía Javier Gallardo habría sido el presunto cabecilla del esquema de cobros ilícitos para que oficiales de la institución fueran ascendidos
En noviembre de 2021, el excomandante general del Ejército José Vizcarra denunció presiones desde el Gobierno para el ascenso de dos oficiales cercanos al exmandatario, según el medio local El Comercio.
También el excomandante general de la Fuerza Aérea de Perú (FAP) Jorge Chaparro denunció injerencias parecidas para la promoción de otros tres oficiales, según recogió la agencia de noticias Europa Press.
De acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía, el excomandante de la Policía Javier Gallardo habría sido el presunto cabecilla del esquema de cobros ilícitos para que oficiales de la institución fueran ascendidos. Por ello, la fiscalía le imputa los delitos de organización criminal y cohecho.
En total, alegan que nueve generales que estaban en funciones habrían pagado hasta 40.000 dólares para ascender.
Castillo está preso desde diciembre de 2022, cuando el Congreso lo destituyó horas después de que el entonces mandatario anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Luego de la destitución de Castillo y su posterior encarcelamiento preventivo por el presunto delito de rebelión, el expresidente fue sucedido por su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, quien continúa como jefa del Poder Ejecutivo.