Gobernadores presentarán más reclamos judiciales por fondos del transporte público

El viernes último, el gobierno de La Pampa presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, para dejar sin efecto la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público decretada por Javier Milei.

Así lo hizo saber el gobernador de esa provincia, Sergio Ziliotto, quien señaló la medida dispuesta por el Ejecutivo Nacional es “arbitraria y abusiva, que avasalla los elementos esenciales del Federalismo y las autonomías municipales”.

Para el mandatario pampeano, “violenta la división de poderes y relativiza derechos y garantías constitucionales al dejar de ejecutar partidas presupuestarias específicas creadas por ley del Congreso de la Nación”.

Dejar sin subsidios al transporte de las provincias “es una decisión que confunde privilegios con derechos prioritarios, esenciales y elementales. Y que, lejos de garantizar una igualdad, promueve una brecha cada vez mayor de cada ciudadano con los distintos sistemas de integración reconocidos universalmente”, prosigue Ziliotto tras la presentación realizada por la Fiscalía de Estado de la provincia ante el máximo tribunal de la Nación.

En la misma línea actuaron ya el mandatario del Chubut, Ignacio Torres, quien presentó una cautelar ante la Justicia Federal para exigir “el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros”; su par rionegrino Alberto Weretilneck, así como el riojano Ricardo Quintela y el bonaerense Axel Kicillof, quienes también reclamaron por los fondos educativos que les adeuda Nación.

Y para la próxima semana se espera que otros gobernadores actúen en idéntico sentido: reclamando ante los estrados judiciales que el Gobierno Nacional efectivice las transferencias a fin de evitar quedarse eventualmente sin transporte público en las jurisdicciones del interior.

Se especula que Rolando Figueroa, del Neuquén; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba, serán los siguientes gobernadores en recurrir a la Justicia Federal o incluso a la Corte Suprema para reclamar judicialmente el giro de los recursos para el transporte público desde la Casa Rosada.